- El comisario europeo de Industria defendió su devolución desde 2009
- El Gobierno pidió recuperar las bonificaciones fiscales desde 2011
- Las subvenciones deberán devolverlas los inversores, no los astilleros
La Comisión
Europea exige finalmente a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a
los astilleros mediante bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011. Las
subvenciones, más de 2.000 millones de euros, deberán devolverlas los
inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores
ni los propios astilleros.
La decisión
final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio
Tajani, levantara su reserva, según han informado fuentes comunitarias.
Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente
y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas
posteriores a 2009.
La presión
ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de
Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005,
pero queda lejos de las aspiraciones de España. El ministro de Industria,
José Manuel Soria, pidió limitar el reembolso a las bonificaciones
concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema
español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y
condena al sector a desaparecer.
La Comisión
no ha desvelado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. El ministro de
Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a
recuperar superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento
todavía se hablaba de 2005. Bruselas dice que corresponde a las autoridades
españolas calcular el importe a devolver.
Eso sí, en
virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones
"no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros (como los
propios astilleros), incluso mediante la aplicación de contratos
existentes".
El Ejecutivo
comunitario considera que el régimen de ayudas español -que se puso en marcha
en 2002 y nunca se notificó a Bruselas- vulnera las normas de la Unión Europea
sobre ayudas públicas porque concedió una "ventaja selectiva" a
sus beneficiarios respecto a los rivales.
Atendiendo
al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha decidido
no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007,
fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés
similar al español.
Fuente: Europa Press | El Mundo
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