El ministro de Industria anunció en el Congreso de los
Diputados que hoy recurrirá la decisión ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
• El ministro de
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, descartó ayer que el Gobierno
vaya a pedir medidas cautelares por la decisión de Bruselas de obligar a
devolver las ayudas fiscales a la financiación de la construcción naval en el
periodo 2005-2011.
En declaraciones a Efe, Soria recordó que el Gobierno, junto
a los Ejecutivos de las comunidades autónomas afectadas (Galicia, País Vasco y
Asturias), astilleros y sindicatos, va a recurrir la decisión de Bruselas al
considerar que “no se ajusta a derecho”.
En concreto, el ministro apuntó que contraviene los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima “con la que en todo
momento han actuado los inversores”.
Cuando se decidió presentar el recurso también se planteó la
posibilidad de pedir medidas cautelares, aunque finalmente “como decisión
consensuada” con sindicatos, astilleros y autonomías, se ha decidido abandonar
esta vía.
El pasado 17 de julio el Ejecutivo comunitario dictaminó que
los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la
construcción naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de
2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la
devolución se remontara a 2005.
Industria estratégicaLa mayoría de los países con costa han
considerado la construcción naval como una industria estratégica desde hace
siglos. España es uno de ellos y ahora corre el peligro de perder uno de sus
motores económicos. Las exigencias de Bruselas y el plan de ayudas han creado
un sistema de desigualdad entre los estados miembros. Más allá de las fronteras
españolas, el control europeo ha dejado a los astilleros en un lugar inferior a
sus homólogos asiáticos.
En los últimos tiempos, la implantación del régimen de tax lease
ha terminado de revolucionar al sector y lejos de ayudar ha creado aún más una
inestabilidad. El sistema de incentivos fiscales a la inversión de buques por
el cual, mediante determinadas estructuras, se puede amortizar aceleradamente
la inversión realizada en la adquisición, mediante arrendamiento financiero se
ha topado con ciertas trabas en el marco de la Unión Europea.
En un primer momento parecía que funcionaba. Los inversores
podían apoyarse en este sistema ventajoso de financiación que ha permitido
durante casi una década abaratar hasta en un 30% el precio de mercado de los
barcos que salían de los astilleros españoles. Pero poco duró la tranquilidad.
El modelo fue denunciado por astilleros holandeses, a los que se sumaron los de
Noruega, Francia, Finlandia y Portugal.
¿Pero qué pasó? La normativa europea de competencia impide
subvencionar directamente a un sector productivo, he aquí cuando España idea un
esquema para hacer atractiva a los inversores la financiación de la
construcción de buques y estimular así la actividad del sector. El esquema
funcionaba de tal manera que el armador que quería encargar la construcción de
una nave a un astillero buscaba una entidad financiera para venderle mediante
un contrato de alquiler la construcción del barco y de este modo poder
financiarla.
Fuente: La Gaceta
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